Por una universidad inclusiva, integrada, siempre en avance
Varias razones y hechos determinaron que postergara hasta hoy la presentación de estas ideas y propuestas sobre la política universitaria a impulsar en los próximos cuatro años en la Universidad de la República (Udelar).
Entre esos hechos, está la resolución negativa del cdc a la solicitud presentada por el orden docente para crear una comisión que estudiara mecanismos para habilitar el mayor número de candidaturas en las próximas elecciones. Consideré, entonces, que un escenario sin competencia electoral no era expresión de la democracia universitaria y del pluralismo de ideas presentes en nuestra comunidad.
Por eso mismo tomé la decisión personal de solicitar la expedición del título de Licenciado en Filosofía, según la ordenanza de la Universidad que ampara situaciones de estudios no concluidos por razones de persecución política y exilio durante la dictadura. Poseer titulación —como es bien sabido— es una de la condiciones establecidas por la Ley Orgánica para ser rector. Entendí, también, que antes de que se aprobara esa solicitud no debía adelantar públicamente ninguna propuesta de candidatura. Y dicho trámite recién concluyó positivamente el martes 15 de julio.
Por último, estoy convencido de que un programa debe ser abierto en sus contenidos y colectivo en su elaboración: no debe ser exclusivamente lo que piensa un candidato. Por eso mismo he intentado escuchar, leer y consultar al mayor número posible de personas y grupos antes de presentar esta propuesta inicial, intercambios que continuaremos con el objetivo de enriquecerla y ampliarla con el aporte de todos.
1. Algunos criterios generales a tener en cuenta
| Trataremos de desarrollar las transformaciones institucionales ya resueltas colectivamente; evaluar andando los aspectos que se presentan críticos; corregir constructivamente cuando sea necesario e innovar en las tareas por venir. |
Asegurar la continuidad de las políticas institucionales en la Universidad. En los diferentes contextos, algunos muy críticos, por los que atravesaron el país y el continente en las últimas dos décadas, la Universidad desarrolló políticas orientadas a su transformación institucional, que abarcan ya varios rectorados. Ahora quisiéramos continuar y actualizar lo mejor de esas políticas para sedimentar definitivamente el proceso de renovación emprendido por la Udelar desde tiempo atrás. Detenerse sería retroceder.
Actualizar los acuerdos colectivos sobre los cambios. Las transformaciones en la Universidad y sus ritmos han sido más fruto de la conducción colectiva que producto de la acción de quienes ocasionalmente ocupan las mayores responsabilidades en la institución. El libre intercambio sobre ideas y propuestas, el debate público, las negociaciones y los acuerdos, se plasman finalmente en votaciones y decisiones que involucran a los órdenes y a los servicios. Por eso mismo, lejos estamos de personalizar resultados o críticas en tanto esas políticas son reflejo de acuerdos institucionales estables alcanzados en la Universidad y plasmados en las decisiones adoptadas por la Asamblea General del Claustro, el Consejo Directivo Central y también por los claustros y consejos de las facultades. En el próximo período nos proponemos renovar y actualizar los consensos sobre las grandes políticas universitarias, reforzando la participación, discusión y apoyos a nivel de los servicios y colectivos.
Elaboración de un plan estratégico de desarrollo. La próxima elección rectoral coincidirá con las elecciones nacionales y con el recambio de autoridades en el país. El rumbo estratégico que definamos para los próximos cuatro años —y la consiguiente solicitud presupuestal—, no puede ser un empezar de nuevo sino tratar de otorgar seguridades —dentro y fuera de la Universidad— sobre los objetivos que se propone alcanzar la principal institución pública de enseñanza superior del país. Por eso nos comprometemos a trabajar para el logro de un plan de desarrollo a largo plazo que contemple la realización plena de las funciones universitarias y los intereses del país, de sus estudiantes, docentes y funcionarios.
2. Principios a defender
Autonomía y cogobierno universitarios. Nuestro total compromiso con el principio de autonomía nos obliga también a ser responsables en su ejercicio, ante la sociedad y sus representantes. Sostenemos la plena vigencia del cogobierno universitario y del fomento de la participación democrática; la defensa de una educación laica, de la libertad de cátedra y del pluralismo de ideas y de opiniones; y la gratuidad de la enseñanza superior como garantía del cumplimiento del derecho al libre acceso a la educación.
La educación como derecho humano fundamental y bien público social. La generalización de la educación terciaria y universitaria constituye un objetivo democratizador del país, inclusivo de las diferencias entre individuos, respetuoso de la pluralidad social, tolerante con los valores y creencias de los uruguayos, sostén de la integración territorial y del desarrollo en su sentido más amplio, superador de las desigualdades del acceso, apropiación y uso del conocimiento superior por parte de personas que nacieron con iguales derechos y necesitan iguales oportunidades para realizarse plenamente.
Nuestra misión como institución superior de educación generadora de conocimiento de calidad. Reforzar el papel de la Universidad como actor político comprometido con el desarrollo del país implica cumplir eficazmente su objetivo principal como institución de educación superior que concentra el mayor volumen de la producción científica y de recursos humanos calificados y dedicados en el país, comprometida socialmente. Debemos seguir garantizando la creación de conocimiento de calidad, original y creativo en todas las áreas —ciencias sociales, humanas, exactas, naturales, tecnológica, de la salud, agraria, artística—. Nuestra agenda de investigaciones debe seguir fomentando la creación libre de conocimientos por parte de nuestros investigadores al tiempo que busca acuerdos con contrapartes estatales, organizaciones sociales y sindicales en los posibles aportes universitarios sobre los temas del desarrollo sustentable del país, los cambios del modelo productivo tradicional, los problemas sociales, educativos y culturales de nuestra modernidad, en la búsqueda de soluciones que redunden en la mayor felicidad de nuestra población. Seguiremos buscando mecanismos para introducir en la agenda de investigación universitaria los problemas más apremiantes para nuestra sociedad, articulando oferta y demanda de conocimientos a partir de un proceso de largo aliento, íntimamente asociado a las características de nuestro país y de su tiempo histórico.
Universidad y acuerdo nacional sobre educación. La voluntad política de la Universidad estará decididamente orientada a mantener la confianza y a propiciar el diálogo y las iniciativas que conlleven al logro de un gran acuerdo nacional sobre educación. La centralidad de los temas y de los problemas educativos y la preocupación de la opinión pública por los jóvenes no admiten demora en la concreción de un amplio consenso que de ninguna manera puede quedar reducido a las autoridades y a los representantes político-partidarios, sino que debe incorporar a las instituciones educativas, al movimiento sindical, a los gremios de la enseñanza y a las organizaciones de la sociedad civil.
Educación y desarrollo con equidad. Los países que han logrado un desarrollo sustentable con equidad lo alcanzaron luego de varias décadas de fuerte inversión en educación y del incremento de personas con educación terciaria y superior. Para alcanzar ese objetivo, el Estado tiene que jugar un mayor papel en el fortalecimiento y en la transformación de la educación pública en el Uruguay. También la Universidad, desde su autonomía abierta al diálogo y a la colaboración, debe ser un actor privilegiado en el proceso de lograr desarrollo con equidad.
3. Las tres dimensiones del trabajo a avanzar
A continuación agruparemos en tres dimensiones de trabajo los distintos objetivos y tareas que contiene la presente propuesta: 1) Universidad inclusiva, 2) Universidad cooperante, 3) Universidad integrada.
1) Universidad inclusiva
Que nadie se quede sin estudiar. El gran desafío del presente es lograr que ninguna persona quede fuera del sistema educativo. Debemos asegurar la educación como un proceso continuo y de calidad durante toda la vida y en todo el territorio de la República, facilitando así el ingreso, la permanencia y la continuidad de los estudios y la titulación de los estudiantes en plazos razonables. Para el logro de estos objetivos resulta fundamental atender el fenómeno de la masividad mediante una batería diversificada de instrumentos y la evaluación de sus resultados, buscando una mayor personalización de la atención a los alumnos, tránsitos flexibles entre servicios universitarios y al interior del sistema de enseñanza pública, reconocimientos de tramos de estudios, alternativas de reinserción para la culminación de ciclos y la acreditación de saberes adquiridos en la experiencia laboral y en estudios no formales.
Articulación estudio-trabajo. El trabajo y el estudio deben ser complementarios y estar fecundamente articulados como forma de dignificar a las personas y de asegurar su libertad y su plena realización. Existen grandes potencialidades educativas en el trabajo que deben reconocerse curricularmente, así como incorporar conocimientos califica la actividad laboral y agrega valor a sus resultados. En una Universidad donde la mayoría de los estudiantes trabaja, se deben implementar las más variadas formas de apoyo institucional para fortalecer el vínculo educativo y la calidad y la continuidad de los aprendizajes.
Universidad latinoamericana y derechos humanos. Nuestra tradición universitaria es de compromiso social y de integración continental de pueblos y naciones; de defensa de la libertad y de los derechos de las personas; solidaria con las iniciativas que aseguren la paz; y contraria a toda forma de discriminación, segregación por motivos de género, orientación sexual, discapacidad, etnia, credo o edad. En lo inmediato, reafirmamos nuestro compromiso institucional y ciudadano por el no a la baja de la edad de imputabilidad a plebiscitarse en el próximo mes de octubre.
2) Universidad cooperante
Construcción del sistema nacional de educación terciaria pública y rol de la Universidad. Por ley se estableció la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública y el carácter preceptivo de la coordinación entre sus partes integrantes (Universidad, ANEP, MEC, ahora también la Utec y, posiblemente a la brevedad, la Uned). En ese proceso, reafirmamos como Universidad una cooperación institucional en pie de igualdad, sin reivindicar ningún estatus superior ni monopolio alguno. En ese camino se han construido los ámbitos de la coordinación en que participamos (comisión coordinadora del sistema, comisión mixta ANEP-Udelar, Comisión Académica de Posgrado Mixta, entre otros). También se ha avanzado en diferentes niveles institucionales de cooperación que debemos profundizar a futuro: tecnólogos compartidos, diplomas y maestrías conjuntas, programas regionales de estudios terciarios, sedes. Un poco más rezagada está la cooperación en materia de grado y programas de interfase (aunque ya existe alguna experiencia como el título conjunto con Formación Docente en educación física). Existe una dimensión menos visible y más difícil de la cooperación que se relaciona con las diversas tradiciones e historias institucionales de los organismos y colectivos que interactúan cotidianamente dentro del sistema. No bastan leyes, ámbitos, programas y presupuestos compartidos. Hay que construir una auténtica cultura de la cooperación. En ese sentido, adquiere mucha importancia el proceso mismo de cooperación —no solo sus resultados finales— y las actitudes de las personas que interactúan cotidianamente, sean autoridades, docentes o estudiantes.
País productivo y entramado social. La voluntad cooperante de la Universidad no se reduce solo a la construcción del Sistema Nacional de Educación Pública, sino que se concreta a través de infinidad de convenios con diversos organismos públicos y privados, sindicales, sociales y populares, y a través de la participación de delegados de la Universidad en múltiples organismos y agencias. La Universidad continuará involucrada en este trabajo conjunto con el gobierno nacional, con el movimiento de los trabajadores organizados, con el empresariado nacional y con las organizaciones de la sociedad civil, a través del logro de acuerdos, del desarrollo de convenios, de cursos de formación y de agenda nacional de investigación, que atiendan a resolver tanto las necesidades de un desarrollo productivo independiente como del desarrollo humano. La combinación de las experiencias logradas por la Comisión Social Consultiva para la planificación estratégica de la cooperación y de los actuales programas conjuntos con empresas estatales y con la central obrera para la definición de agenda, son caminos transitados y a continuar.
3) Universidad integrada
La propuesta de Universidad integrada se despliega en tres niveles interrelacionados: a) integración de las tres funciones; b) integración territorial; c) integración académica.
a) Integración de las funciones. La integralidad es un concepto y una práctica institucional compleja, que se propone renovar el vínculo y el ejercicio de las tres funciones universitarias, articulándolas y conectándolas entre sí, no siempre de la misma forma o bajo un único formato. Al tener en cuenta la especificidad de las áreas de conocimiento, los desarrollos disciplinarios y la vinculación de la institución con el medio, las funciones de investigación, enseñanza y extensión universitarias, se desarrollarán de forma más enriquecedora si se las piensa interconectadas que si se las considera de forma insular. La integración de funciones incide también en la definición del modelo y de los fines de la Universidad, así como en el encare de las prácticas docentes y estudiantiles, en las formas de la evaluación del desempeño y en la relación entre los servicios y con el medio social.
Función de investigación. En esta función se han logrado los mayores acuerdos, asegurando políticas estables, principalmente a través de la ejemplar labor de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Estas políticas deben mantenerse y redoblarse con sus correspondientes presupuestos. El objetivo de la investigación en la Universidad sigue siendo la creación de conocimientos de alta calidad en todas las áreas y formas de producción, así como generar capacidades en los servicios con menor desarrollo de la investigación. Seguiremos avanzando en el respeto a la pluralidad de objetos disciplinarios y de metodologías específicas, dimensiones originales de la creación cultural y artística en la Universidad. Un rasgo distintivo de este proceso ha sido la promoción de proyectos de libre agenda (individuales y colectivos), proyectos con contrapartes de los sectores estatal y privado y de organizaciones sociales, así como proyectos de iniciación y de apoyo a estudiantes. También lo ha sido el fomento de la interdisciplina a través del Espacio Interdisciplinario. Hemos aumentado significativamente el número de docentes en régimen de dedicación total en los últimos años hasta llegar a mil, y nos proponemos mantener esa tendencia para duplicar en el nuevo período a dos mil docentes, configurando grupos de mayor o menor dimensión en los distintos servicios universitarios. Tenemos que perfeccionar el sistema de evaluación universitaria de la investigación con base en el documento aprobado por el cdc, buscando la calidad sustantiva y sin caer en la medición de resultados como una forma exclusiva y excluyente, así como estudiar la mejor articulación con los demás sistemas de evaluación del país, para buscar la racionalización de esfuerzos. Se pondrá énfasis en la incorporación de todos los docentes a la investigación, apoyando los programas de fortalecimiento institucional de investigación de calidad en los servicios y en las áreas menos desarrolladas. Debemos ampliar el relacionamiento con contrapartes diversas a través de programas similares a los creados en años recientes —como ANCAP-Udelar, PIT-CNT-Udelar, Centro de Extensionismo Industrial—, que nos permitan expandir la investigación de calidad, democratizar la demanda y renovar la agenda académica. Es necesario crear una diversidad de centros de investigación en torno a problemas de relevancia nacional e instalar laboratorios en predios universitarios.
Función de Enseñanza. El triple desafío consiste en ampliar y generalizar la cobertura de ingreso a la enseñanza pública en su nivel superior; brindar mejores condiciones de enseñanza superior a los que ya están estudiando, y en aumentar el número de egresados en todo el país. En el cumplimiento de esos objetivos debemos alcanzar los mejores niveles en la enseñanza de grado y posgrado y en la calidad de los aprendizajes. Por otra parte, los logros en las políticas de gratuidad y de libre acceso nos plantean urgentes desafíos a resolver: la masividad, la despersonalización de la relación de enseñanza, los niveles desiguales de preparación en el ingreso, la desvinculación temprana de los estudios, la motivación de nuestros docentes, los problemas locativos. ¿Es posible conjugar el incremento del ingreso con altos niveles de aprendizaje? La Universidad está tratando de dar una respuesta positiva en decidida oposición a los modelos academicistas, elitistas o de universidad-empresa. Una de las más importantes medidas adoptadas fue la aprobación de la nueva Ordenanza de Estudios Grado. Ahora garantiza avanzando en su comprensión por todos los involucrados, en la puesta en funcionamiento del sistema único de bedelías y en la mejora de la gestión de la enseñanza, en la diversificación de las modalidades presenciales y semipresenciales, en la ampliación de nuestra capacidad locativa y su accesibilidad, así como en seguir apoyando a los estudiantes que ingresan a la Udelar, a través de diversos programas de interconexión, de tutorías y de respaldo al aprendizaje. En este sentido, resulta fundamental la colaboración con la ANEP vinculada a la interfase bachillerato-universidad, aún pendiente. Un gran avance en una Universidad de estudiantes trabajadores es el reconocimiento de saberes y experiencias laborales y son las alternativas para facilitar la culminación de los estudios preuniversitarios y su continuidad en la Universidad. Tendremos que formular una demanda presupuestal convincente que asegure fondos específicos para la implementación de los nuevos planes de estudio y para la correspondiente estructura docente y el aumento de su carga horaria. Debemos fomentar la articulación inteligente de las modalidades de enseñanza formal y no formal y garantizar la educación permanente.
Función de Extensión. La función de extensión universitaria es parte constitutiva de la pluralidad de formas de producción y uso socialmente valioso del conocimiento de calidad, así como de la diversidad de formas de relacionamiento de la institución con la sociedad. Representa una tradición en nuestra Universidad desde mediados de los años cincuenta, una reivindicación de los estudiantes de distintas generaciones y un diferencial que nos vincula a la mejor tradición universitaria latinoamericana. Continuaremos mejorando la calidad de la extensión y de las actividades en el medio, y promoveremos su evaluación integral, al igual que en el caso de las otras dos funciones. Partimos de la premisa de que la extensión se apoya en la experiencia de investigación y en el dominio de los contenidos disciplinarios en materia de enseñanza por cada docente. La extensión contiene un aporte formativo para los estudiantes en relación con los contenidos curriculares específicos, adquirido desde el compromiso y la sensibilidad social, a través de una experiencia de trabajo cooperativo, en terreno, con diversos actores sociales y populares. El abordaje de problemas complejos desde un conocimiento específico o interdisciplinario es parte de la riqueza de hacer extensión vinculada a la investigación. La incorporación de la extensión a los nuevos planes de estudio —su curricularización— desafía la creatividad docente ante diversidades disciplinarias que obligan también a diversificar las experiencias y formas de la extensión. Tal desafío solo puede encararse y resolverse a partir del convencimiento y del involucramiento del cuerpo docente, de los estudiantes y de los funcionarios. Por ello mismo resulta importante el intercambio de ideas, así como la promoción de la socialización de las prácticas y los problemas, su sistematización y su superación. Proponemos —retomando la reciente propuesta de Pablo Carlevaro— acordar con las instituciones de enseñanza primaria y secundaria que los docentes universitarios puedan aportar a la formación de estudiantes, profesores, maestros y educadores sociales.
b) Universidad integrada territorialmente. El objetivo de generalizar la enseñanza terciaria y universitaria en el país e incorporar más jóvenes a la educación tiene una escala territorial imprescindible para su cumplimiento, siendo la Universidad protagonista en la superación dela inequidad en el acceso a la educación superior por razones geográficas. Nadie puede dudar de los logros alcanzados en materia de descentralización y de regionalización, que trascienden a la misma Universidad en tanto son objetivos compartidos por el país, contando con el apoyo activo de las comunidades y autoridades locales. Si bien este proceso tiene sus antecedentes tempranos (estaciones experimentales, Regional Norte, Casas de la Universidad), contamos con tres centros universitarios regionales (Cenur) con sedes propias, con carreras completas y sus tramos, con ciclos iniciales optativos, con la radicación de funcionarios, docentes y grupos de investigación con alta carga horaria, y con la constitución de unidades asociadas con facultades. La distribución desigual de los recursos presupuestales asignados por el Parlamento alimenta un malestar interno y una falsa oposición: crecer en el interior a costa del estancamiento en la capital. El problema debería plantearse positivamente y justificar una demanda presupuestal futura que asegure un desarrollo armónico en toda la República, sin falsas oposiciones, ya que los éxitos en el interior tienen su sustento académico y de recursos humanos en los servicios de referencia en Montevideo. Visto desde la perspectiva de la investigación, este proceso ha enriquecido el tejido científico nacional con cerca de 60 grupos de investigación y más de 230 cargos de alta dedicación. El desarrollo reciente en el interior muestra que cuando el país responde a una demanda fundada de la Universidad, ella cumple. La evaluación de este proceso ha estado presente en informes de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI) y en discusiones en los organismos centrales (recientemente en la AGC), con foco en los procesos de cambio más que en los resultados inmediatos, e incluso el escaso tiempo de implementación transcurrido desde que se aprobaron. En una nueva perspectiva, se requerirá fortalecer las capacidades institucionales de atención y conducción de tales desarrollos complejos y desiguales, teniendo en cuenta la superación de los problemas de gestión y de administración y la puesta en funcionamiento de los órganos de cogobierno. Seguiremos impulsando la coordinación del sistema público de enseñanza, los programas conjuntos y complementarios con la Utec y la ANEP (carreras y docentes, campus conjuntos, programas regionales), en la búsqueda de resolver también en forma compartida asuntos presupuestales, locativos y de transporte. Mantendremos el objetivo estratégico ya definido para los próximos cuatro años de completar gradualmente el proceso de instalación de los centros universitarios en las cinco regiones del país.
c) Integración de las estructuras académicas. Uno de los temas pendientes es la reforma de la Ley Orgánica. Tras varios años de discusión, un borrador de articulado terminado, importantes acuerdos alcanzados y algunos desacuerdos también, el tema no se ha concretado. Nuestra voluntad es retomarlo en este período para actualizar internamente aquellos acuerdos y tratar de seguir avanzando para superar los desacuerdos. Deberíamos diferenciar y separar en ese proceso de discusión, por un lado, los aspectos programáticos y de principios con alto consenso (autonomía, cogobierno, libertad de cátedra, artículo 2, entre otros), y, por el otro, los aspectos de la estructura organizativa y de los ámbitos de decisión política en los que deberemos centrarnos por la complejidad de las nuevas situaciones no contempladas por la ley y la normativa vigentes: facultades que no tienen derecho a voto, nuevos servicios creados que deben incorporarse a los órganos de dirección, centros universitarios regionales, consejos delegados, áreas de conocimiento interservicios, programas, estructuras y docentes dependientes de comisiones y oficinas centrales, participación orgánica de los funcionarios, así como otros asuntos: posgrados, SNEP y descentralización. Debemos considerar responsablemente que la reforma de la ley y la aprobación de su articulado final son decisiones que no residen en los órganos universitarios sino en el Parlamento. En este sentido, la fortaleza de la Universidad para una eventual negociación serán sus acuerdos internos, la reafirmación de la mutua confianza con el sistema político y las garantías respecto a la inviolabilidad de los principios identitarios de la autonomía y del cogobierno universitarios. De todas maneras, como ya se ha hecho, avanzaremos lo más que podamos dentro del respeto a la normativa vigente en dirección a la mayor democracia, participación y toma de decisiones colectivas, enmendando la injusticia de los servicios que hoy no votan.
4) Algunos objetivos transversales
En materia presupuestal. La Universidad ha tenido un desarrollo muy significativo en los últimos años y ha estado acompañado por partidas presupuestales importantes. Pero este desarrollo ha mantenido fuertes desigualdades entre los programas (principalmente el fortalecimiento académico de los servicios en Montevideo). A la vez, el crecimiento generó nuevos problemas y necesidades costosas en distintos niveles (atención al crecimiento del estudiantado, creación de cargos docentes y de funcionarios, mejoras edilicias, de laboratorios, de informática), que han de ser encaradas en el próximo período como condición para que la institución no se estanque. Por otra parte, la propia coordinación entre entes del sistema público de educación ha generado un espacio presupuestal específico y compartido, escasamente dotado de fondos propios. Finalmente, los recursos que el país asigna, por ejemplo, a ciencia y tecnología o a becas, son comparativamente inferiores a los de otros países e inciden directamente en el quehacer científico y en los apoyos económicos a estudiantes universitarios. El punto de partida del presupuesto a solicitar es el 6% del PBI para la educación. Debemos esforzarnos por presentar una solicitud presupuestal que, además de los programas específicos, incluya un plan de desarrollo estratégico de la Universidad a partir de una construcción más integrada e interrelacionada entre programas y balanceada entre necesidades centrales y de los servicios, institutos y áreas, en Montevideo y en el interior. Situación salarial, creación de cargos, fomento de la alta dedicación, fondos incrementales para implementar los nuevos planes de estudio y el nuevo estatuto del personal docente, financiamiento de posgrados, evaluación institucional y autoevaluación, parecen ser algunas de las prioridades del próximo período, así como asegurar aquellos rubros que nos permitieron el crecimiento actual (por ejemplo, el desarrollo en el interior y el plan de obras a mediano y largo plazo). También debemos estudiar la presentación de incisos presupuestales conjuntos con la ANEP y la Utec (carreras, campus, infraestructura común, locales). Plantearemos a las autoridades llegar al 1% del PBI para ciencia, tecnología e innovación. Estudiaremos propuestas viables para su presentación a las autoridades públicas, orientadas a la generación de empleos calificados, por ejemplo, en ámbitos técnicos y científicos de los entes, o mediante la creación de nuevos centros públicos de investigación, buscando la inserción de nuestros egresados calificados y evitando su emigración. Mantendremos la transparencia en la ejecución presupuestal cumpliendo con la rendición social de cuentas periódica a la sociedad y a sus representantes.
Programa de posgrados. Mucho hemos avanzado —y debemos seguir haciéndolo— en la concreción de una política sostenida de posgrados en sus diferentes niveles (diplomas, maestrías, doctorados), vinculada a la formación y a la investigación de grado y en actividades de educación permanente, involucrando a los servicios y a las áreas de conocimiento. En el mediano plazo, debemos tender al diseño de un verdadero programa de estudios de posgrado en la Udelar con su financiamiento propio y estructura administrativa específica. El programa debe generalizarse y asegurar que la mayor parte de nuestros docentes tenga la oportunidad de cursar sus estudios en el país. Para ello, resulta fundamental seguir incrementando el fondo de becas para cursar y concluir los estudios de posgrado. Se impulsará la participación de los estudiantes en las comisiones académicas de posgrado. Resulta muy auspiciosa la implementación de los diplomas y maestrías organizados junto con la ANEP y el Consejo de Formación en Educación. Actualmente, está a estudio la aprobación de un doctorado en educación. Múltiples convenios y vínculos con contrapartes extranjeras colaboran con la generación de condiciones para la movilidad docente y estudiantil en materia de posgrados en el exterior; ello deberá incrementarse.
Mejora de la gestión, formación de funcionarios y negociación colectiva. Resulta necesario acelerar el proceso de implementación de los sistemas informatizados e integrados de mejora de la gestión, con la incorporación efectiva de oficinas centrales, servicios y áreas, en la capital y en el interior, asegurando la formación calificada de los funcionarios a cargo. La anterior es una condición imprescindible para la viabilidad de las reformas académicas y organizativas. Los trayectos flexibles y la movilidad estudiantil podrán concretarse si existe una correspondiente eficacia administrativa, de gestión y comunicacional. La mejora se relaciona también con la diversidad de formatos organizativos de nuestra institución y con la complejidad de la toma de decisiones en distintos ámbitos —centrales (cdc, consejos delegados), consejos de facultades, comisiones y áreas, así como en los Cenur—. Debemos continuar con la reestructuración de la carrera funcional y promover una política de retención de recursos humanos calificados ante la constante pérdida de estos por falta de incentivos y de mejoras salariales. Hemos avanzado en el fortalecimiento de las instancias de formación y capacitación de los funcionarios no docentes de la Udelar (Tecnicatura en Gestión Universitaria, Instituto de Formación y Capacitación, maestría). Uno de los desafíos y aprendizajes centrales del nuevo período se relacionará con la complementariedad de los ámbitos de cogobierno y de negociación colectiva, con participación activa de los funcionarios y de sus gremiales representativas. Debemos mejorar los ámbitos de planificación universitaria, de recopilación y de sistematización de información calificada y de datos estadísticos, con el objetivo de perfeccionar la gestión y el sistema de toma de decisiones.
Dignificación del papel docente. La participación crítica y el involucramiento activo de los docentes en las transformaciones universitarias es fundamental para seguir avanzando y para determinar las nuevas orientaciones y los ritmos del cambio. La dignificación del papel docente pasa por la mejora salarial y de las condiciones laborales, por la continuidad de su formación en el posgrado, por la mayor dedicación horaria y el acceso a la dedicación total, por la opción de radicación en el interior, por la creación de cargos para absorber una parte de los numerosos docentes contratados, por la formación en enseñanza, por los apoyos administrativos en las tareas de gestión académica y por proyectos de investigación y convenios, así como la difusión y popularización de sus resultados. Podríamos resumir la línea principal de acción en el próximo período: carrera docente e implementación del nuevo Estatuto del Personal Docente.
Becas y Servicio Central de Bienestar Universitario. Debemos continuar el proceso de reestructura del SCBU, principalmente en las áreas de salud, de becas y de comedores, pero también en la promoción de una política más juvenil que estudiantil vinculada a la promoción del arte, de la cultura y del deporte entre los miles de estudiantes universitarios. Un objetivo central es seguir aumentando el número y el monto de las becas que favorezcan la situación de los jóvenes que estudian y trabajan. Para esto, resulta fundamental consolidar una política coordinada con el Fondo de Solidaridad. En ese sentido, la existencia de un sistema nacional de becas podría racionalizar la dispersión de esfuerzos existentes en el presente entre distintos organismos estatales y de educación. Pensamos que fortalecer los apoyos a estudiantes con discapacidad, sostener los programas de atención a la salud mental y mejora de las condiciones laborales, debe ser una tarea a priorizar en el período.
Hospital de Clínicas y Sistema Integrado de Salud. El Hospital de Clínicas es un referente nacional y regional tanto como prestador de servicios de atención gratuita a la salud de la población cuanto como institución tradicional de práctica docente y de formación de estudiantes y profesionales universitarios en medicina y en áreas afines. En consulta con todas las partes involucradas (Facultad de Medicina, comisión directiva, docentes, estudiantes y funcionarios) y contrapartes estatales (ASSE, MSP) debemos continuar el complejo proceso de reestructura ya iniciado, que lo fortalezca finalmente como hospital universitario, abordando entre otros temas la completa integración del Hospital de Clínicas al SNIS, la mejora de la gestión, la readecuación del edificio y de las condiciones laborales, los incentivos salariales y la carrera funcional del personal de enfermería, administrativo y de servicios que permita la mayor retención de los recursos humanos, la obtención de fondos extrapresupuestales.
Internacionalización de la educación superior. Se trata de incrementar la participación y los acuerdos de cooperación y movilidad de la Universidad que se extienden a la región y a otros bloques internacionales como, por ejemplo, en la experiencia pionera lograda en la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, la acreditación Arcusur para carreras radicadas en varias facultades, la cooperación con el Mercosur y el aporte a la construcción del espacio latinoamericano de educación superior, bajo los objetivos de la preservación de la educación como un bien público y social y del acortamiento de las desigualdades en la generación, apropiación y uso de conocimiento en el mundo actual.
Álvaro Rico
16 de julio de 2014
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Por una Universidad Integrada 